La Alianza por la Competitividad de la Industria Española confía en que las nuevas medidas anticrisis del Gobierno contribuyan a consolidar y reforzar instrumentos clave para la competitividad de la industria, prorrogándolos y convirtiéndolos en estructurales, especialmente en el ámbito de la electricidad, donde persisten diferencias relevantes respecto a los principales países de nuestro entorno.
Un contexto que requiere medidas eficaces y sostenidas
La volatilidad de los mercados energéticos en los últimos tiempos ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un marco estable que permita a la industria operar con previsibilidad. Las medidas adoptadas por el Ejecutivo en fases anteriores han contribuido a amortiguar parte del impacto de la subida de precios energéticos, particularmente mediante rebajas fiscales y ajustes regulatorios.
Desde la Alianza se considera que el nuevo paquete de medidas representa una oportunidad relevante para dar continuidad a aquellas iniciativas que han demostrado su eficacia, avanzando hacia un enfoque más estructural y orientado al medio y largo plazo.
La electricidad, un factor clave de competitividad
La organización recuerda que el coste de la electricidad es uno de los principales factores que condicionan la competitividad industrial. En el caso de España, este aspecto sigue representando un desafío, especialmente en comparación con otros países europeos con los que compite directamente en la atracción de inversiones industriales.
Por ello, la Alianza subraya la importancia de que el nuevo decreto contemple medidas que permitan acercar los costes eléctricos industriales a los de los países de nuestro entorno, reforzando así la capacidad del tejido productivo para competir en igualdad de condiciones.
Prioridades para el nuevo marco energético
En este contexto, la Alianza destaca un conjunto de líneas de actuación que considera prioritarias:
- Dar estabilidad a las medidas de reducción de costes eléctricos ya existentes, evitando su carácter temporal. En este sentido, la entidad aboga por la supresión total del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), para reducir el precio mayorista de la electricidad y abaratar la factura industrial.
- Ampliación de la bonificación del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), extendiendo la bonificación del 85% a toda la industria manufacturera, ampliando su base de beneficiarios y vinculándola a compromisos de eficiencia energética. De este modo, se alinearía la fiscalidad española con la normativa europea.
- Integración de los costes de restricciones técnicas en los peajes de acceso, con el fin de evitar que estos costes, de notable dimensión y volátiles, se trasladen directamente al precio de la energía, alineando el sistema español con el de otros países europeos.
- Consolidar de forma permanente la reducción del 80% en los peajes de acceso para la industria con alto consumo eléctrico, evitando prórrogas anuales que generan incertidumbre. Esta previsibilidad es clave para facilitar inversiones en electrificación y descarbonización de procesos industriales.
- Maximización de las compensaciones por costes indirectos de CO₂, aplicando el máximo nivel permitido por la normativa europea (hasta el 75%-80%) y dotarlas presupuestariamente para evitar desventajas competitivas y fuga de carbono.
La Alianza estima que la aplicación coordinada de estas cinco medidas permitiría reducir el coste eléctrico industrial entre un 10% y un 30%, acercando a España a los niveles de sus principales competidores europeos, lo que mejoraría la posición relativa de la industria española y facilitaría la toma de decisiones de inversión a largo plazo.
España cuenta con un potencial destacado en generación de energías renovables, que constituye una oportunidad para reforzar su posicionamiento industrial. No obstante, la Alianza recuerda que este potencial solo se traducirá en una ventaja competitiva efectiva si se acompaña de un marco regulatorio y económico que permita trasladar esos beneficios al conjunto de la industria.
