Las empresas tendrán limitado el pago en efectivo. Esta medida ya había sido adelantada hace unas semanas por la portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría y ayer fue confirmada por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré.
No obstante, Ferré aclaró que en una primera fase, esta medida no afectará a los particulares, y la limitación del uso del efectivo se restringirá a las transacciones entre empresas.
En el aire ha quedado la cifra a partir de la cual no se podrán realizar este tipo de operaciones, ya que el secretario de Estado de Hacienda ha comentado que el Gobierno sigue estudiando esta cuestión. De hecho, se ha limitado a decir que esta medida otorgará más información y transparencia sobre la actividad económica.
Ferre también explicó que junto al plan de lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno pretende desarrollar otro tipo de medidas, como la Ley de Emprendedores, que se aprobará en el primer trimestre y que incluirá cambios fiscales en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades así como medidas laborales y de financiación que favorezcan la actividad de las pymes, que son, según Ferre, el «motor que hará moverse al país».
En concreto, esta ley favorecerá el pago del IVA en el momento del cobro de las facturas y no antes, así como alguna deducción fiscal (como la de 3.000 euros para pymes que incluye la reforma laboral) o la posibilidad de establecer o ampliar el sistema de cuenta corriente tributaria a otras administraciones porque es «oportuno y beneficioso».
Según Ferre, estas son las medidas que el Gobierno pretende implementar en el más corto plazo, aunque el principal objetivo es cumplir con la senda de consolidación fiscal y, una vez que se produzca, plantear revisiones en la política fiscal para devolver los esfuerzos a los ciudadanos.
