Más transparencia a la hora de acceder a la financiación. Es lo que conseguirán las pymes y los autónomos que a partir de ahora pidan a la banca un informe con su rating crediticio, documento aprobado por el Banco de España y que hasta ahora sólo estaba disponible para grandes compañías.
A partir del pasado 11 de octubre, las entidades de crédito españolas, como las extranjeras que operan en España, y los establecimientos financieros están obligados proporcionar a los autónomos y a las pymes que financian una calificación de su riesgo crediticio. La nueva normativa, que se inscribe dentro de la ley de Fomento de la Financiación Empresarial, prevé además que cuando las entidades decidan cancelar o reducir el flujo de financiación a estos colectivos, además de informarles con un preaviso de tres meses, les tendrán que hacer entrega de la citada información financiera.
Un informe que también deberá ser entregado en cualquier otra circunstancia, previo pago de la tarifa correspondiente, a solicitud del acreditado. La nueva normativa también establece que las entidades deberán conservar, durante seis años, la documentación que justifique los datos que han sido empleados para elaborar el documento de información, que incluirá el historial crediticio de la pyme o el autónomo, referido a los cinco años anteriores.
El informe deberá incluir, entre otros datos, una relación de los créditos históricos y vigentes, y de los importes pendientes de amortización, además de los riesgos transferidos a terceros pero cuya gestión conserve la entidad. El documento también debe incluir el estado actual de impagos, la relación de los concursos de acreedores, acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pagos, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme, se congratuló el pasado julio con la nueva legislación, que, según dijo, puede ser “eficaz” para valorar el riesgo de las empresas “en términos comparables y fidedignos”. Cepyme aconseja que cualquier pyme solicite esta información a sus respectivas entidades, tanto para su propio conocimiento, como para poder acceder a cualquier recurso financiero necesario para llevar a cabo su actividad.
