La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), ha elaborado una Guía de Buen Gobierno Corporativo en colaboración con el Consejo General de Economistas (CGE).
En esta guía se recogen una serie de consejos prácticos que las pequeñas y medianas empresas deberían tener en cuenta para mejorar tanto sus relaciones internas, como su presencia económica y social en el panorama en el que se desarrollan.
Ambas organizaciones explican que con este documento se pretende asesorar a las pymes y microempresas para que ganen en competitividad. Se hace mención al funcionamiento de una sociedad, a cómo elaborar cuentas anuales fieles a la realidad de la empresa y a extender el principio de transparencia a las políticas fiscales.
La Guía de Buen Gobierno Corporativo también hace referencia al funcionamiento del consejo de administración. Se considera oportuno mantener cuatro reuniones anuales como mínimo de miembros de la junta directiva, que el plan de acción de la empresa se revise en caso de ser necesario anualmente y que todos los representantes estén al día de todas las novedades de la compañía.
El principio básico que se establece para el correcto funcionamiento de las empresas es que éstas tengan una política de control y gestión de riesgos. El objetivo, identificar los tipos de riesgos a los que pueden enfrentarse y adoptar una postura previsora con las medidas a tomar en caso de que ocurrieran para atemperar los impactos negativos.
Este documento será distribuida entre las pymes y microempresas de toda España que tengan alguna relación con Cepyme. También pretenden hacérselo llegar a 55.000 economistas, buena parte de ellos asesores de empresas, a través del CGE.
El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, afirmó en la presentación de la guía que «la aplicación de prácticas de buen gobierno es un factor decisivo para generar valor en las empresas, mejorar su eficiencia y reforzar la confianza de clientes, inversores, proveedores y empleados”.
Por su parte, Valentín Pich, presidente del CGE, ha recordado que la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor a partir de marzo, incorpora requisitos sobre buen gobierno y responsabilidad social corporativa. Estas condiciones las tiene que presentar todas las empresas que opten a desarrollar un proyecto o ser proveedoras de una administración pública. Por ello, Pich ha afirmado que “la contratación pública en España supone el 20% del PIB, y si las pymes quieren concurrir a este mercado tienen que ponerse al día en materia Buen Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa”.
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