El Gobierno tiene claro que la ley de formación para el empleo no está funcionando. Como ha señalado la ministra de trabajo Magdalena Valerio, las «disfunciones» que actualmente presenta el texto legal, han provocado que ni en 2017 ni en 2018 se hayan convocado planes de formación para ocupados, lo cual «ha provocado la quiebra de centros y entidades formativas».
Para remediarlo, el Ejecutivo ha anunciado que antes de acabar el año, aprobará una orden ministerial para la convocatoria de 350 millones de euros en acciones formativas a nivel estatal, prioritariamente dirigidas a trabajadores ocupados.
Esta partida presupuestaria, ha explicado Valerio durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Cámara Baja, busca «compensar» una «crítica situación» provocada por la «inactividad» del anterior Gobierno al respecto, y es fruto del acuerdo con las comunidades autónomas, sindicatos y patronal.
La ministra ha asegurado que esta ley «no está sirviendo para impulsar» el sistema de formación en el empleo, y que así se lo han comunicado los propias organizaciones empresariales y sindicales.
Así, ha lamentado que esta regulación «no está dando los resultados previstos» y que «el sistema vigente está lleno de disfunciones». En su crítica a esta regulación, ha señalado que el Gobierno anterior no había impulsado siquiera las bases regulatorias ni la convocatoria de las acciones formativas, algo ya acordado «en apenas seis meses» para aprobarlo antes de acabar el año.
