La Ley de Startups española cumple un año de vida y es momento de hacer las primeras valoraciones sobre su aplicación, si bien será en este segundo año cuando de verdad empiecen a verse los primeros resultados analizables. Este proyecto legislativo fue aprobado a finales de 2022 con la ambición de revolucionar el ecosistema empresarial español, eliminar trabas burocráticas e implementar medidas fiscales eficaces y favorables para los emprendedores españoles. Algo que ha conseguido… a medias.
La situación en la que se encuentran las startups en España resulta más estimulante que hace unos años, eso es cierto. La media de vida de estas empresas supera los tres años, se está contando con la IA en una de cada cuatro y el 40% de las nuevas empresas se registra legalmente desde el comienzo de su actividad, un hito que se atribuye a la aprobación de la citada Ley.
En este sentido, su medida más atractiva es la reducción del 25% al 15% del Impuesto de Sociedades sobre la Renta de No Residentes durante cuatro años, así como la concesión de ciertas facilidades a la hora de aplazar las deudas tributarias. Los inversores y bussiness angels tienen más fácil la inversión en startups españolas gracias a esta ley, puesto que podrían deducirse hasta 100.000€ en la base del IRPF. Por otra parte, ya no es necesario disponer de NIE para invertir, sino que es suficiente con el NIF.
Otro de los puntos fuertes de esta ley fue la exención fiscal durante 10 años de las stock options (acciones de la propia empresa ofrecidas como retribución a los trabajadores), subiendo el límite de 12.000€ a 50.000€. Esta medida llevaba años siendo reclamada por el sector, por lo que ha supuesto un cambio en el paradigma durante este primer año de implementación, al menos sobre el papel. Se ha impulsado la captación de inversión y talento tanto extranjero como nacional. Pero, aunque se trata de un muy buen arranque para la meta de posicionar España como hub innovador para el emprendimiento, no deja de ser un primer paso. La Ley de Startups tiene carencias que no pueden obviarse; pero que pueden ser subsanadas con el tiempo.
Las lagunas de la ley
Uno de los obstáculos más destacables de la Ley de Startups es que parece no comprender del todo la realidad del sector del emprendimiento, pues no tiene en cuenta, por ejemplo, la denominada valoración fully diluted (sistema de valoración de las startups que tiene en cuenta los derechos adquiridos y cómo repercuten al porcentaje de los socios las acciones convertibles) a la hora de calcular la tributación de las stock options. Es obvio que la ley está más enfocada al emprendimiento nacional, para evitar la fuga de empresas a países con modelos fiscales más atractivos, lo cual es positivo; pero se echan en falta medidas para atraer el emprendimiento extranjero. Y la inversión también.
A esto se le añade la extensa y eterna burocracia que, si bien ha mejorado, sigue siendo larga y tediosa. Muchos son los emprendedores que desechan la opción de abrir su startup únicamente por la cantidad de trámites necesarios para poder avanzar. Una burocracia que, además, no garantiza beneficios a largo plazo, puesto que la exención fiscal de las stock options se produce solamente durante 10 años. Además, la Ley deja fuera a las ScaleUps, que son igualmente importantes en el contexto actual.
A pesar de ello, es importante entender que España ha empezado a tomar conciencia de lo importante que es el emprendimiento. La aprobación de la Ley indica que vamos por el buen camino; pero vivimos en tiempos de innovación y no podemos quedarnos ahí. Nuestro marco jurídico debe responder a las necesidades de las nuevas empresas. Solo así podremos retener el emprendimiento nacional, atraer al extranjero y posicionar a España como país referente en innovación y emprendimiento de cara al exterior.
Miguel Ángel Rodríguez Caveda, CEO de BeHappy Investments.
