Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados. Esta es una de las principales medidas aprobadas con el Real Decreto Ley del pasado viernes por el Consejo de Ministros. Los 111 millones de euros que se destinarán a estos planes serán gestionados en su mayoría por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, 67 millones de euros), la Confederación Española de Comercio (15 millones) y la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y Empleo (30 millones) y la Fundación Laboral de la Construcción (21 millones).
En conjunto, se beneficiarán en torno a 230.000 trabajadores, según las estimaciones oficiales, pero este no es la única iniciativa formativa aprobada por el Gobierno. El viernes se garantizó la existencia de políticas activas de empleo para personas con discapacidad en todas las Comunidades Autónomas.
Otra de las grandes novedades a las que se ha dado la aprobación en el pasado Congreso de Ministros es la consolidación de la participación de los representantes de los trabajadores autónomos y de la economía social (ONGs o Fundaciones, por ejemplo) en la elaboración de políticas activas de empleo. El objetivo no es otro que aumentar el número de emprendedores en nuestro país, para lo cual se quiere escuchar la voz de los autónomos y la economía social antes de diseñar actuaciones de política activa de empleo.
