Pymes y autónomos dispondrán a partir del segundo trimestre de 2016, de su propio informe de solvencia, además de una calificación que como en el caso de las grandes empresas, será tenida en cuenta por la banca a la hora de acceder a la financiación.
Dicho informe de calificación, deberá ser elaborado por la propia banca (normalmente de forma gratuita o semi-gratuita), y tendrá en cuenta parámetros como su situación financiera y el historial de pagos de la empresa junto a la calificación de riesgo de la misma.
De esta forma las pequeñas empresas lo tendrán un poco más fácil a la hora de acceder a la financiación bancaria tradicional, ya que se supera uno de los grandes escollos que en los años de la crisis cerraron el grifo a muchas pymes: la falta de información.
La medida deriva de la aplicación de la Ley de fomento de la financiación empresarial que el Ejecutivo aprobó el pasado mes abril. Su reglamentación acaba de ser desarrollada por el Banco de España que ya ha remitido un borrador de la circular al conjunto del sector financiero. Los bancos tendrán hasta el 30 de diciembre para presentar alegaciones y tres meses para aplicarla tras su aparición en el BOE.
Se beneficiarán de la medida las empresas de un máximo de 250 trabajadores y una cifra de negocio de hasta 50 millones de euros, o un balance máximo de 43 millones, consideradas medianas.
Por debajo de eso, todas, incluyendo las consideradas pequeñas (hasta 50 empleados, con 10 millones de cifra de negocio o balance–y las microempresas –con tope en 10 empleados y cifra de negocio o balance de hasta dos millones).
