Soplan vientos de cola para la economía española. Crecimiento, reducción de desempleo, récord del turismo, mejora en el sistema financiero, todo son parabienes para la situación actual de España. Sin embargo, todavía existen sombras en el funcionamiento del tejido productivo que exigen una corrección. El número de empresas en situación concursal ha aumentado, mientras los economistas españoles reclaman reformas en la Ley sobre esta materia.
Los últimos datos sobre los procesos concursales abiertos en España en el segundo trimestre de este año han caído como un auténtico mazazo en el favorable escenario que se ha abierto para la economía en los últimos meses. Entre abril y junio, el número de concursos de acreedores se incrementó nada menos que el 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 1.189, mientras que el número total de deudores aumentaba el 4,3% para situarse en los 1.457.
Los concursos de acreedores constituyen uno de los tres escenarios difíciles a los que puede enfrentarse una empresa, junto a la suspensión de pagos y la quiebra. Se trata de una situación en la que se interviene la compañía y se nombra a un administrador concursal, que se encarga de abonar las deudas de la empresa de una forma justa, primero a los trabajadores y después a los acreedores. Proveedores y acreedores pueden solicitar el concurso de acreedores en estas empresas y el objetivo de esta actuación es que la empresa continúe con su actividad.
Agilizar los procedimientos
Los economistas urgen al Gobierno a una drástica reforma de la Ley Concursal con el objetivo de mejorar la capacidad de la justicia española en el ámbito de las insolvencias. Los datos les están otorgando la razón.
Entre las principales medidas que han solicitado, a través del Consejo General de Economistas se encuentran cuestiones como la mejora de los plazos de resolución de los expedientes, reforzar los mecanismos de agilización de los procedimientos judiciales y, sobre todo, una modernización de diferentes normas, entre las que se encontraría una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y una nueva normativa concursal.
Se suele equiparar el concurso de acreedores a la suspensión de pagos, pero son diferentes. Esta última situación se produce cuando una sociedad no tiene liquidez para afrontar sus compromisos porque no le pagan sus deudores. El valor del activo es superior al del pasivo (las deudas), por lo que la empresa suele continuar su actividad una vez solucionados sus impagos.
Los economistas buscan mejorar los procedimientos para los concursos (abaratarlos y hacerlos más prácticos), utilizar sistemas alternativos como la mediación y el arbitraje para resolver conflictos, o “reforzar el mecanismo de segunda oportunidad, con objeto de reducir la economía sumergida”. En este sentido, señala el colectivo de economistas que este mecanismo “no ha cumplido las expectativas”, ya que sólo se presentaron en el primer semestre del año pasado 344 cooncursos de persona física, cuando en países como Francia y Alemania superan ampliamente los 100.000 concursos de persona física al año.
Entre las medidas que propone el colectivo de economistas se encuentra también el avance en ”la armonización e interoperabilidad de las herramientas electrónicas del Estado y comunidades autónomas”.
