Acaba de aprobarse un anteproyecto de ley sobre información no financiera de grandes compañías que obligará a estas a presentar en su informe anual detalles como las políticas medioambientales, el respeto de los derechos humanos, cuestiones de índole social, información sobre su personal o las estrategias con las que intentan combatir la corrupción, entre otras. Esta medida no hace sino responder a una directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de empresas de considerables dimensiones.
El objetivo de todo ello no es otra cosa que “identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad”, ha informado el Ejecutivo en una nota de prensa remitida a los medios. Se quiere apostar por la máxima transparencia de las grandes firmas, con aspectos tan específicos como puntos de vista que aplican a su consejo de administración en materia de edad, género, formación, discapacidad o experiencia profesional, entre otros.
Estos cambios normativos afectan a empresas que tengan una media de 500 empleados y que durante dos ejercicios consecutivos hayan reunido al menos dos de las siguientes circunstancias: que le importe neto de su cifra de negocio anual supere los 40 millones de euros, que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio en cuestión sea mayor de 250 personas. Todo ello figura desde ya su aprobación. El texto presentado será remitido al Consejo de Estado que debe dictaminar su aprobación –o no– como proyecto de ley y después su tramitación parlamentaria.
Hoy ha tenido lugar otra puesta de largo que tiene que ver con la actividad empresarial. El Gobierno ha aprobado la adaptación de la regulación sobre compensación, liquidación y registro de valores a la normativa comunitaria. Esta fue aprobada en el Consejo de Ministros y de todo ello se ha informado a la prensa durante esta jornada de viernes.
