Desde el despacho de abogados, Le Morne Brabant, denuncian que existe un vacío legal en la regulación de la economía digital. Debido a esto, los delitos asociados a las criptomonedas, como el que ahora es noticia en España y que investiga la Audiencia Nacional, llevan produciéndose desde hace años. Los motivos son dos: de un lado la ausencia de regulación, y del otro la falta de conocimiento de la economía digital.
A falta de un organismo propio que se ocupe de vigilar las transacciones con criptomonedas como el bitcoin o Etheerum, ahora al alza, la Comisión Nacional del Mercado de Valores es el organismo de referencia y en él tiene que estar inscrita cualquier entidad u organización o persona física (brokers) que pretenda asesorar e invertir o gestionar inversiones. A los no están allí registrados y que gestionan multitud de inversiones, se les suele denominar chiringuitos financieros.
En este contexto, cuando según Google Trends, existen más de 10.000 monedas virtuales en todo el mundo y donde, aseguran diversas publicaciones financieras, podrían mover más de 100.000.000 millones de euros, han comenzado a saltar las alarmas.
En nuestro país, la Audiencia Nacional se ha hecho cargo de la que se considera la mayor estafa piramidal. La inversión en criptodivisas a través de una sociedad mercantil, Arbistar 2.0, habría servido presuntamente para estafar a los clientes. Las personas afectadas podrían llegar a los 32000 y la cantidad a 100.000 millones.
Según explica la abogada Ester Romero Simón, en el caso que nos ocupa, la intención de la organización era la de captar a los inversores con engaños desde el inicio valiéndose incluso de noticias falsas. Nos encontramos, aclara, con un presunto delito de estafa, tal como apunta el juez encargado del caso, que añade los de organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.
En qué consistió el engaño
En su auto del pasado 21 de abril, José Luís Calama encargado del caso, detalla el procedimiento para supuestamente engañar a los clientes y que se basaba en una cuenta Exchange para realizar acciones de compra y venta. A la par, se les daban de alta un monedero electrónico para almacenar criptodivisas. Otro requisito era la realización de una transferencia por el valor de su inversión a una cuenta bancaria de Exchange Coinbase en Estonia. Y, finalmente, debían hacer aportaciones a los monederos digitales de Arbistar, en caso de un posible descubierto en los próximos dos meses.
Un monedero digital es una herramienta que no almacena en realidad ni monedas ni criptomonedas, sino las claves para poder enviar y recibir estas monedas digitales. Consta de una clave pública que sí es similar a un número de cuenta bancaria y que se puede entregar a cualquier persona para que te envíe dinero, sin riesgo de que ella lo pueda extraer, y luego una clave privada que es como un pin o contraseña, que no se debe facilitar a nadie, ya que es lo que permite “gastar” las criptomonedas asociadas a esa dirección. El propietario de este pin es el dueño de los fondos y el que tiene el control de los mismos
De esta manera, al transferir fondos a los monederos de Arbistar y a la cuenta antes mencionada de Exchange en Estonia, el cliente quedaba sin control sobre su propio dinero, que en realidad servía para dar forma a un viejo timo, la estafa piramidal.
Según el magistrado, “lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”.
Al tratarse de la misma maniobra fraudulenta y haber multitud de perjudicados, los hechos deben tratarse por un único tribunal, la Audiencia Nacional. «Se espera un procedimiento largo, ya que nos encontramos ante una causa compleja, con distintas sedes y distintos países», advierte Ester Romero.
Sobre la recuperación de las cantidades invertidas la letrada se muestra precavida por el contraste entre la lentitud de la justicia y la rapidez de la economía digital.
A la par, en el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, se han bloqueado criptomonedas por valor de 1.600.000 euros, en relación a una presunta macroestafa que afectaría cientos de españoles. El delito a juzgar sería, en este caso, de apropiación indebida. El procedimiento habitual, cuentan desde Le Morne, se inicia a través a través de una operativa legal, brokers o inversores que comienzan a gestionar los fondos o inversiones de conocidos, y es después cuando aprovechándose del desconocimiento de éstos, comienzan a alterar la rentabilidad de estas inversiones y a distraer cantidades de dinero
De momento, en esta causa, que señala a la empresa Konto.Fx, el magistrado ha acordado una medida cautelar casi inmediatamente, para evitar que desaparezcan esas criptomonedas y poder bloquearlas, asegurando así, al menos, esas cantidades.
