La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha exigido al Gobierno la sincronización inmediata del calendario de implantación del sistema Verifactu con el de la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (Ley Crea y Crece) y con el marco de la Directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age).
ATA considera un sinsentido operativo que las tres normativas y obligaciones avancen con plazos desacompasados, obligando al colectivo a realizar transiciones tecnológicas consecutivas en lugar de una única adaptación integral.
Con el calendario actual, el tejido empresarial se enfrenta al mandato de implantar los requisitos informáticos de Veri*factu antes de la plena operatividad de la factura electrónica entre empresas (B2B) y antes de conocer el estándar definitivo que exigirá la Unión Europea.
Tal y como están los plazos, un autónomo societario tendría que aplicar Verifactu el próximo 1 de enero de 2027, el autónomo persona física el 1 de julio de 2027, y estarían obligados a la factura electrónica el 31 de marzo de 2028, y a comunicar digitalmente el estado de las facturas el 31 de marzo de 2030. Todo esto teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2030 se acaba el plazo para la transposición de la Directiva ViDA, que establece una hoja de ruta con el estándar europeo para el reporte digital del IVA y la facturación electrónica estructurada en transacciones (DRR). “Es una locura”, sentencia Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Además, ATA señala que ya se tuvo que aplazar Verifactu porque no se había tenido en cuenta los impactos y la variada casuística diversa en muchos sectores.
Costes enormes para los más pequeños
“En una frutería el cambio y adaptación a Verifactu de las balanzas digitales puede superar los 2.500 euros y en un bar/restaurante las cajas registradoras digitales hasta 1.800 euros. Tampoco se tuvo en cuenta a las oficinas de farmacia que funcionan con un sistema integrado en el que ya han realizado grandes inversiones de receta y facturación electrónicas, conectado a los colegios y a la propia Administración” subraya el presidente de ATA.
Es por ello que ATA denuncia que esta falta de coordinación y unificación obligará a los autónomos a realizar inversiones sucesivas en tecnologías con riesgo de quedar obsoletas en pocos años, y representa una grave amenaza para la sostenibilidad financiera de los pequeños negocios y una carga burocrática inasumible.
A este escenario se suma la falta de visión a medio plazo respecto al marco de la Unión Europea. La Directiva ViDA establece una hoja de ruta con el estándar europeo para el reporte digital del IVA y la facturación electrónica estructurada en transacciones (DRR).
ATA considera un despropósito que España legisle aceleradamente mediante parches nacionales que corren el peligro de no ser plenamente interoperables con los estándares transfronterizos que exigirá la Unión Europea. Esta desarmonización obligará al autónomo a pagar una primera adaptación a Verifactu, una segunda a la factura electrónica nacional y una tercera modificación para cumplir con el estándar europeo ViDA.
«No tiene ningún sentido exigir hoy al autónomo que adapte su programa a Veri*factu para tener que volver a ajustarlo o cambiarlo meses después para cumplir con la factura electrónica obligatoria. Forzar a un farmacéutico o a un frutero a cambiar su balanza, o a un bar a renovar su caja registradora, para luego decirles que ese sistema no sirve ni para la factura electrónica ni para la normativa europea ViDA, es una falta de respeto al esfuerzo de los autónomos», declara Lorenzo Amor, presidente de ATA.
«Pedimos algo tan elemental como coherente: un calendario único, coordinado y con plazos realistas. Exigimos congelar la exigencia de Verifactu hasta que se garantice un marco técnico único, convergente con la Unión Europea y con un periodo de transición realista, para que la transición digital sea una oportunidad de mejora y no un castigo económico al bolsillo de los autónomos», ha concluido.
