El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una medida que pondrá fin a 17 regulaciones (regionales) distintas para operar en España. El ministro de Economía, Luis de Guindos, recalcó que el proyecto beneficiará especialmente a las pequeñas y medianas empresas. El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado en enero, llegará al Congreso tras superar un trámite de audiencia pública, durante el que se han presentado 37 observaciones y 15 informes preceptivos.
De este modo, cuando el Parlamento apruebe la ley las empresas sólo tendrán que pedir una única licencia a una comunidad autónoma para comercializar sus productos en todo el país. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.
Economía calcula que la ley aumentará el Producto Interior Bruto (PIB) un 0,15% anual los primeros diez años, «en torno a 1.500 millones de euros cada año». Los principales aspectos de la ley son los siguientes:
1. Licencia única y legislación de origen
Cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en cualquier punto del territorio español sin necesidad de modificación o trámite adicional.
2. Restricciones al sometimiento de autorizaciones y requisitos prohibidos
Se limitan los supuestos en los que las Administraciones Públicas pueden someter a autorización el ejercicio de actividades económicas.
Se prohíbe la exigencia de requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador.
3. Cooperación administrativa
Se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para el intercambio de información necesario entre las autoridades de origen y de destino.
4. Procedimiento ágil de resolución de conflictos
Se legitima a la futura CNMC para recurrir en vía contencioso-administrativa cualquier acto que vulnere la unidad de mercado.
La admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos.
Se permite a los operadores solicitar a la CNMC el recurso de actos o disposiciones contrarias a la unidad de mercado que les afecten.
Esto implica que los operadores podrán obtener la suspensión de sanciones impuestas hasta que no se pronuncie un órgano jurisdiccional evitando las pérdidas ocasionadas por dilaciones judiciales.
