Los autónomos tendrán que andarse con ojo a partir del mes de octubre, ya que el Gobierno ha aumentado las sanciones que deberán pagar en caso de incumplir cualquier normativa. De hecho, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán imponer multas un 20% superiores a lo que se venía poniendo, en una horquilla entre los 70 euros (infracciones leves) hasta los 225.000 euros, todo ello recogido en la nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
De nuevo tenemos a Yolanda Díaz detrás de estas decisiones de aumento de la penalización para los trabajadores que más han sufrido la crisis del Covid. De hecho, la ministra de Podemos que lleva la cartera de Trabajo y cuyo principal objetivo sería disminuir el paro, más bien se ha dedicado a perjudicar a trabajadores y empresarios.
La versión oficial del ministerio es la de «dotar de mayor eficacia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como garantizar la efectividad y el carácter disuasorio de las sanciones”. De esta manera, se quiere disuadir a los trabajadores en aspectos como fraudes a la Seguridad Social o en la aplicación de los ERTEs.
Aparte de esto, el pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la «robotización» de las multas a los autónomos. Esta medida fue recogida en el BOE, a través de la publicación del Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
Esto significa que, a partir del 1 de enero de 2022, la inspección de Trabajo podrá llevar a cabo una «actividad administrativa automatizada en el procedimiento sancionador. Para ello recurrirá al análisis masivo de datos que permiten constatar la existencia de incumplimientos, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social”. Es decir, se trataría de un sistema parecido a cómo funcionan los radares de tráfico.
Los inspectores, en contra de esta medida
Los propios inspectores ya se han mostrado contrarios a este mecanismo de sanción, ya que no será necesaria la actuación personal de los funcionarios de inspección. Así, el acta que se envíe al infractor llevará el sello de la inspección de forma automática, sin ser supervisado por una persona, que es lo que demanda el colectivo de funcionarios. En teoría, la apertura de un expediente sancionador tal y como está diseñado, no cumple con las garantías legales que necesita este procedimiento.
Aspectos como que no haya errores en el algoritmo y que se trate de un sistema imparcial quedan en entredicho con el sistema robotizado. «Debe revisarse antes de imponer la sanción, para cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica”, han indicado.
Tras el envío de la multa, se abrirá un proceso de alegaciones, donde el empresario o el autónomo pueda defenderse. En este momento, sí que será revisado por un funcionario. El propio Sindicado de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITS) ha indicado que este sistema va a perjudicar mucho a los autónomos. Estos profesionales no van a poder gestionar ellos mismos las reclamaciones, por lo que tendrán que gastar dinero en una asesoría para que detecte posibles errores.
