Europa se prepara para dar un nuevo paso en la digitalización de su economía. A finales de 2026, los Estados miembros deberán ofrecer, al menos, una Cartera Europea de Identidad Digital a sus ciudadanos y residentes. El nuevo sistema nace del Reglamento Europeo de Identidad Digital, que entró en vigor en mayo de 2024 y actualizó el anterior marco eIDAS.
La cartera funcionará como una aplicación desde la que cada persona podrá identificarse ante administraciones y empresas, guardar documentos oficiales y acreditar determinados atributos. En ella podrían incorporarse el permiso de conducir, titulaciones académicas, certificados profesionales, recetas médicas o información bancaria.
También permitirá realizar firmas electrónicas cualificadas con reconocimiento jurídico. Para las personas físicas, la firma cualificada destinada a usos no profesionales deberá ofrecerse gratuitamente. El uso de la cartera será voluntario y ninguna persona podrá ser discriminada por decidir no utilizarla.
Demostrar un dato sin entregar toda la identidad
Uno de sus elementos más relevantes es la denominada divulgación selectiva. Actualmente, para demostrar que se cumple una condición suele ser necesario presentar un documento que contiene más información de la necesaria. Una empresa que necesita comprobar que un cliente es mayor de edad, por ejemplo, puede terminar accediendo también a su nombre, domicilio o fecha exacta de nacimiento.
Con la cartera, el usuario podría acreditar únicamente que supera la edad exigida, sin revelar otros datos. El sistema está diseñado para mostrar qué información solicita una empresa antes de que la persona autorice su entrega. Las organizaciones participantes deberán registrarse, identificarse ante el usuario y limitarse a pedir los datos declarados previamente.
Este modelo puede reforzar la privacidad, pero también simplificar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Cuanta menos información tenga que recopilar una empresa, menor será el volumen de datos que deberá almacenar, proteger y eliminar posteriormente.
Menos trámites para empresas y consumidores
La verdadera dimensión económica de la cartera aparece en procesos como la apertura de una cuenta bancaria, la contratación de un seguro, el alta en una operadora, la matriculación universitaria, el registro en un hotel o la acreditación de una cualificación profesional.
En lugar de solicitar fotografías de documentos, introducir repetidamente los mismos datos o realizar verificaciones manuales, la empresa podrá recibir información autenticada directamente desde la cartera del cliente. La Comisión Europea considera que esto puede reducir los costes de identificación, la carga administrativa y el tiempo dedicado a comprobar documentación.
La interoperabilidad será especialmente importante para el mercado único. Una identidad o certificado expedido en España podrá utilizarse ante un servicio situado en otro país de la UE siguiendo unas especificaciones comunes. La cartera puede reducir así una de las principales fricciones de la actividad transfronteriza: la dificultad para demostrar digitalmente la identidad, las facultades de representación o las credenciales profesionales.
El marco obligará a reconocerla a los servicios públicos que requieran identificación electrónica. También deberán aceptarla determinadas empresas —salvo microempresas y pequeñas empresas— cuando estén obligadas a aplicar autenticación reforzada, en ámbitos como banca, finanzas, transporte, energía, sanidad, telecomunicaciones, educación o infraestructuras digitales.
Una oportunidad para las pymes tecnológicas
Aunque muchas pequeñas empresas quedan fuera de determinadas obligaciones de aceptación, la cartera también abre oportunidades. Proveedores de software, fintech, asesorías digitales, integradores, plataformas de recursos humanos y empresas de firma electrónica podrán desarrollar servicios conectados con este ecosistema.
Las pymes podrán emplearlo voluntariamente para acelerar el alta de clientes, verificar proveedores, acreditar la representación de una sociedad o firmar contratos. El reto será integrar las nuevas especificaciones sin reproducir errores habituales, como solicitar información innecesaria o convertir la identificación en un proceso excesivamente complejo.
La tecnología ya se está probando en pagos, banca, viajes, educación, sanidad, documentación de vehículos y relaciones entre empresas y administraciones. Seis proyectos piloto han involucrado a unas 550 organizaciones públicas y privadas de 26 Estados miembros, además de Noruega, Islandia y Ucrania.
La Cartera Europea de Identidad Digital no eliminará por sí sola la burocracia ni resolverá todos los problemas de confianza en Internet. Su éxito dependerá de que resulte sencilla, segura y aceptada por ciudadanos y empresas. Pero puede proporcionar algo que la economía digital europea todavía no posee plenamente: una forma común de demostrar quiénes somos y qué podemos hacer, sin entregar más información de la necesaria.
