En el contexto de la digitalización de los procesos fiscales en España, el sistema Verifactu ha generado un notable interés entre empresas, pymes y autónomos. Este nuevo modelo, regulado en el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación (RSIF) que deriva de la Ley Antifraude, se ha desarrollado en paralelo la regulación de la facturación electrónica, que deriva de la Ley Crea y Crece, lo que ha provocado cierta confusión sobre sus diferencias, plazos e implicaciones.
Verifactu es una funcionalidad voluntaria —aunque con vocación de convertirse en estándar— que permite enviar las facturas emitidas en tiempo real a la Agencia Tributaria, garantizando su inalterabilidad y trazabilidad. Este sistema se integra en el RSIF, que iba a ser de carácter obligatorio para las pymes desde enero de 2026 y que el Gobierno ha pospuesto. Este reglamento establece requisitos técnicos más estrictos para los programas de facturación, incluyendo el uso de software certificado y medidas contra la manipulación de datos. A raíz de este aplazamiento, se comenzó a hablar popularmente como “Verifactu” o “Ley Verifactu” a todo el RSIF (cuando en realidad, solo es una parte voluntaria del mismo).
Como decimos, a pesar de que se esperaba su implantación obligatoria en 2026, el Gobierno anunció una prórroga de un año para autónomos y pymes en lo relativo a la obligatoriedad del uso de software certificado.
Este informe es el resultado de la encuesta lanzada a los lectores de MuyPymes, durante enero de 2026 y tiene como objetivo analizar el grado de implantación actual del conocido como sistema Verifactu, saber cómo las empresas están adaptando sus herramientas y procesos, y examinar el impacto real de la prórroga en los pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia. Lo hemos realizado gracias a la colaboración de TeamSystem, Cegid y Wolters Kluwer.
