Al menos, eso apunta el 21% de las empresas que afirma que prevé que seguirán despidiendo a profesionales en los próximos 12 meses y un 57% considera que sus plantillas se mantendrán sin cambios, según apunta un estudio elaborado por Gran Thornton.
Los datos negativos no terminan aquí. Durante el segundo trimestre de 2011 descendieron las perspectivas empresariales de incremento de facturación, rentabilidad y exportaciones (8, 4 y 6 puntos respectivamente, respecto al mismo periodo del año anterior). Una y otra información demuestra, en opinión del director general de Grant Thornton, José María Fernández, «una moderación de expectativas en aquellas empresas con actividad en el exterior, que fueron las primeras en prever signos positivos, y que en estos momentos están notando el repunte de la incertidumbre en los mercados mundiales». Las empresas tampoco consideran que, descontando el efecto del incremento de impuestos, la situación sea propicia para una subida en los precios de sus productos y servicios, con una mayoría (53%) que piensa que estos se mantendrán igual durante los próximos meses y un 23% que espera una disminución.
La morosidad también sigue registrando resultados muy negativos para el tejido empresarial español. Así, el 28% de las empresas españolas experimentó un aumento de la morosidad en el segundo trimestre de 2011 y otro 55% observó que los impagos se han mantenido en niveles similares, respecto al primer trimestre del año. En 2010, un 60% de las empresas apreciaron un aumento de la morosidad respecto a 2009 y el efecto se acumula, según explica el informe.
Ante tal situación, las empresas intentan ponerle fin en la mayoría de los casos mediante un análisis de riesgo de sus clientes (82%). Otras medidas son la asignación de un encargado interno de gestión de cobros (76%) o exigir el pago al contado, algo que aplican el 69% de las empresas. Entre el 60% y el 65% de las empresas recurren a otras medidas como cobrar todo o parte por adelantado, recuperar el IVA de facturas no cobradas, presentar demandas por impago ante el juzgado, contratar seguros de crédito o aplicar intereses y costes de demora.
