En los mercados de Norteamérica y Europa aparecen ya señales preocupantes: la morosidad corporativa y comercial. Y lejos de normalizarse tras la pandemia, justo todo lo contrario: empieza a mostrar patrones que recuerdan los momentos previos a la crisis financiera de 2008. Monitorizar este fenómeno es hoy una obligación para la empresa proveedora y para el analista. Y, sobre todo, para el directivo que concede crédito.
El entorno económico global está cambiando de color. En Estados Unidos, la proporción de deuda de tarjeta de crédito que se encuentra en mora (30 días o más) alcanza el 14,1% en el primer trimestre de 2025, cifra que sigue una senda ascendente desde 2022. En el sector del inmobiliario comercial también se percibe una escalada: la tasa de mora de productos CMBS (commercial mortgage-backed securities) subió a 6,65% en marzo de 2025, mientras que los préstamos empresariales “corrientes” se sitúan en torno al 1,3%, según la Reserva Federal.
En España, el escenario tampoco es halagüeño. Según el barómetro de Crédito y Caución, el 51% de las empresas declara haber sufrido retrasos en los pagos de sus ventas a crédito, y el volumen de facturas impagadas creció un 9 % respecto al ejercicio anterior. Otro informe sitúa en el 62% las empresas que soportan plazos de pago que superan los límites legales, una cifra que no se veía desde hace años. El único dato positivo es que aunque la tasa de morosidad bancaria es la más baja desde 2008 (3,21%), la brecha entre el crédito financiero y el crédito comercial se ensancha.
Lo que preocupa no es solo el nivel, sino la velocidad del cambio y la fragmentación del riesgo. Una parte creciente de empresas soporta tensiones de liquidez por plazos largos de cobro, lo que compromete no solo su solvencia, sino también su capacidad para invertir o crecer. En el caso español, las pymes —por sus menores márgenes y menor acceso a financiación— están especialmente expuestas.
Nosotros, en Legalpin, como especialistas en la mensajería digital certificada y desde la entrada en vigor de la Ley 1/2025, observamos cómo nuestros clientes utilizan de manera masiva nuestro servicio Buromail para notificar fehacientemente las deudas. Así, venimos notando un incremento de este tipo de notificaciones en el último año de casi un 20%. No es un dato aislado, sino un reflejo de que la morosidad está creciendo de forma estructural y que las empresas se están viendo obligadas a formalizar sus reclamaciones con mayor rigor jurídico y trazabilidad digital.
La combinación actual —tipos de interés elevados, presión en márgenes y retrasos en cadena— recuerda las alertas previas a 2008. Entonces, pocos vieron venir que la morosidad iba a convertirse en un desencadenante sistémico. Hoy, sin que sea el mismo contexto, se percibe un cambio de fase que exige anticipación.
La morosidad deja de ser una variable residual para convertirse en un barómetro de gobernanza empresarial. No basta con contabilizar provisiones: la prevención requiere protocolos, datos y trazabilidad. Cuando las cadenas de pago se alargan, la diferencia entre anticipar y reaccionar puede marcar la supervivencia de muchas compañías.
Javier Meizoso, Director general de Legalpin.
