Nadie quiere reconocerlo abiertamente, pero el soborno en el mundo de la empresa y la administración pública es una realidad bien asentada. No hay más que echar un vistazo a «European Fraud Survey 2001» un estudio elaborado por Ernst&Young en el que se pone de manifiesto que el 30% de los directivos españoles justifica el soborno con el objetivo de conseguir un negocio. Este porcentaje de «sobornadores» supera con mucho la media europea, que se sitúa en un 19%.
De esta forma, sólo cuatro de cada diez empresarios españoles no procedería de esta forma, un resultado inferior al obtenido por sus colegas europeos, que es del 51%. Por su parte, casi seis de cada diez empleados de compañías españolas afirman que el soborno y la corrupción se están extendiendo en los negocios, y el 82% de los mismos piensa que la dirección de la compañía utilizaría ‘atajos’ para alcanzar objetivos, un resultado que está veinte puntos por encima de la media europea.
El informe establece un escenario marcado por la situación de crisis en España, en el que el 42% considera que la corrupción se ha incrementado en los dos últimos años como consecuencia de la precaria situación económica. El socio responsable de Forensic de Ernst & Young, Ricardo Noreña, alertó de que «la mayor tolerancia hacia el fraude, el soborno y la corrupción, junto con las iniciativas de reducción de costes en muchas empresas, les están generando una mayor exposición a sufrir un fraude».
Además, el 81% de los consultados vaticina para los próximos doce meses dificultades en la actividad de muchas compañías, si bien la situación ha mejorado ligeramente con respecto al informe publicado en 2009, cuanto el porcentaje era del 95%. A esta situación se suma que el 80% de los consultados en España se muestra de acuerdo en que los directivos están presionados para conseguir unos óptimos resultados financieros, cinco puntos por encima de la media en Europa.
El informe destaca que «sorprendentemente» el 90% de los directivos españoles cree que utilizaría ‘el camino más corto’ para conseguir los objetivos fijados, 40 puntos por encima de la media europea. El 49% de las empresas españolas dispone de una política anticorrupción y un código de conducta, frente al 56% de la media en Europa. Además, sólo el 19% de los consultados en España afirma haber recibido formación en este ámbito, un dato muy alejado del 38% obtenido por sus colegas europeos.
