La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha emitido un comunicado oficial en relación con el Real Decreto-ley 15/3025 de 2 de diciembre por el que se retrasa un año la entrada en vigor de Verifactu:
Si bien es cierto que muchas empresas, pymes y autónomos han recibido esta prórroga con alivio, el aplazamiento a tan solo un mes de su entrada en vigor transmite un mensaje profundamente negativo para la sociedad y el conjunto del empresariado. Una reforma anunciada desde hace años no puede verse retrasada en el último momento, sin que ello evidencie una falta de planificación por parte de la propia Administración.
Durante los últimos meses, miles de empresas, pymes y autónomos —guiados y asesorados en gran medida por profesionales del asesoramiento fiscal— han tratado de adaptarse a unas obligaciones cuyo alcance, funcionamiento y operativa todavía planteaban dudas relevantes para numerosos sectores y, lo que es más preocupante, incluso para la propia Administración. En muchos casos, además, estas empresas habían realizado ya inversiones significativas, adaptado sus sistemas de facturación, contratado soluciones tecnológicas y participado en cursos de formación con la intención de cumplir puntualmente con la nueva normativa.
El aplazamiento anunciado constituye un reconocimiento implícito de que la preparación no ha sido suficiente para garantizar una implantación ordenada, gradual y técnicamente solvente. Una modernización fiscal de la envergadura de Verifactu exige anticipación realista, evaluaciones de impacto bien diseñadas y un calendario firme que permita a empresas, profesionales y sectores económicos adaptarse con tiempo, certidumbre y conocimiento.
Modificar en el último momento una obligación de tal relevancia afecta directamente a la confianza de las empresas en la estabilidad normativa y genera dudas sobre la capacidad de previsión de la política fiscal. En un entorno económico ya complejo, la seguridad jurídica y la claridad institucional deben ser pilares irrenunciables.
Desde AEDAF queremos subrayar que no se trata únicamente de un ajuste temporal, sino de una cuestión de método. Las reformas fiscales deben diseñarse e implementarse con rigor estratégico, con cronogramas realistas y con una interlocución eficaz con los sectores afectados. Solo así es posible evitar la improvisación, asegurar una evaluación seria de los impactos —muy especialmente en pymes y autónomos— y ofrecer a las empresas una comunicación clara, coordinada y a tiempo. Del mismo modo, es imprescindible reforzar el compromiso con la seguridad jurídica, sin la cual es imposible preservar la confianza y la estabilidad económica.
Castigar a los cumplidores
A todo ello se suma un elemento especialmente preocupante: el mensaje que esta decisión lanza a la ciudadanía y al tejido empresarial. Empresas que han dedicado tiempo, recursos y esfuerzo en adaptarse a tiempo se sienten ahora desincentivadas, mientras que quienes no han acometido la preparación necesaria pueden percibir que esta falta de previsión resulta, en la práctica, premiada. Este efecto es profundamente desalentador y proyecta una señal inequívocamente negativa hacia el futuro: “no se adelante, no invierta, no planifique demasiado, porque la norma puede cambiar a última hora”. Un mensaje que mina la confianza, introduce incertidumbre en la toma de decisiones y genera la duda razonable de si situaciones como esta pueden volver a repetirse.
Por todo ello, AEDAF insiste en la necesidad de una política fiscal más estratégica, coherente y respetuosa con el esfuerzo realizado por empresas y profesionales. Solo mediante una planificación sólida, evaluaciones rigurosas y una comunicación institucional clara será posible recuperar la confianza y garantizar una modernización normativa eficaz y sostenible.
AEDAF reitera su disposición a colaborar con la Administración para asegurar que la implantación definitiva de Verifactu se realice con todas las garantías y con el tiempo necesario para que empresas, profesionales y sectores económicos puedan adaptarse adecuadamente.
