Power Balance, la empresa que se ha lucrado durante los últimos años vendiendo pulseras que supuestamente «mejoraban nuestro equilibrio, estado de ánimo, memoria, etc.» se encuentra al borde de la quiebra. Y es que finalmente, un tribunal de Estados Unidos ha condenado a la empresa a pagar 42,5 millones de euros por un delito de publicidad engañosa.
La decisión, que no ha sorprendido a casi nadie, contrasta con la tibia actuación de las autoridades españolas. Tal y como han recordado FACUA y la OCU, es de lamentar que en España «las administraciones no actúen de oficio controlando, persiguiendo, analizando y respondiendo a las denuncias que desde las organizaciones plantean contra los ‘productos milagrosos’, como la pulsera Power Balance.
Más allá de lo sorprendente que resultó para todos el comprobar como la ministra de Sanidad, Leire Pajín, parecía disfrutar de las propiedades de la pulsera, el portavoz de FACUA denunció que en España ninguna comunidad autónoma tomó medidas contra las empresas que elaboraban la pulsera y sólo la Junta de Andalucía puso una «ridícula multa de 15.000 euros» porque Power Balance está en Marbella.
Por ello, ha señalado que las actividades de las administraciones son una «invitación al fraude» porque es «como decirle a una compañía que tima que lo máximo le puede ocurrir es que se le pongan 5.000, 10.000 o 20.000 euros de multa», algo rentable a su juicio si se ingresan 100.000 o un millón de euros.
Por su parte, la organización de consumidores y usuarios (OCU), ha pedido a las autoridades de consumo (el Instituto Nacional de Consumo y las Comunidades Autónomas) que sean más activas en la defensa de los consumidores, por lo que en lugar de pequeñas sanciones, deberían llevar a la empresa a los tribunales, en el ejercicio de la legitimación activa que tiene para defender a los consumidores y que, en su opinión, apenas usan.
Por ello, ha aplaudido la condena de los tribunales estadounidenses por publicidad engañosa, que contrasta con la «absoluta ineficacia de las autoridades españolas en materia de consumo».
