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Ahora que todo el mundo habla sobre la Ley Sinde, nos hemos planteado cómo afectará a los usuarios y los gestores de páginas webs. Gracias a un documento interno del PSOE hemos podido comprobar cuál será el funcionamiento de la Ley Sinde, si se llega a aprobar hoy en el Congreso de los Diputados. Desde el PSOE se recalca por activa y por pasiva que sólo se podrá cerrar una web (o retirar sus contenidos) con autorización judicial, respetando el artículo 20 de la Constitución Española donde se habla de la libertad de expresión. Un documento interno del PSOE que ha circulado entre sus filas para hablar sobre la polémica Ley Sinde nos explica cuál es el mecanismo que seguirá la normativa una vez aprobada. El proceso de eliminación de contenidos de una web comienza cuando un creador (como figura particular) o una organización (SGAE, CEDRO, etc.) acude a la Comisión de Propiedad Intelectual para denunciar que se pueden estar vulnerando sus derechos. La Comisión (de la que no se dan más detalles que su nombre) estudiará la petición, las alegaciones de la web donde está el contenido y comprueba si está vulnerando la propiedad intelectual. Cabe destacar el error de base que tiene este argumento: la mayoría de webs que persigue esta Ley no tienen contenido protegido, sino enlaces. Habrá que ver cómo resuelven este punto. Sin entrar en demasiados detalles y siempre desde un punto de vista subjetivo, parece cuanto menos delicado que una comisión administrativa con representantes de la industria audiovisual suspenda el criterio que tenían los jueces hasta ahora (cómo demuestran todas las sentencias hasta el momento). El texto establece que la Comisión emprenderá acciones si “la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”. Ojo a la segunda parte de la sentencia, que toma la ambiguedad por bandera y abre considerablemente el campo de actuación. Otro punto que tendremos que seguir de cerca si finalmente se aprueba.
Clic en la imagen para ampliar Si el gestor de la web se niega a retirar los contenidos (de nuevo no se menciona el concepto «link», base de Internet tal y como la conocemos) la Comisión podrá obligar a retirarlos previa autorización, que llegará en un máximo de cuatro días. Sin embargo no explican cuánto tiempo puede llevar el procedimiento de reapertura, un arduo y largo camino judicial que puede llevar hasta 2 años (una eternidad en la era digital). Asimetría de derechos en estado puro. El documento concluye dando datos sobre el empleo y el PIB que genera la industria de los contenidos y estima (no nos preguntéis en qué se basan) que se pueden perder 300.000 empleos en dos años de seguir con estas prácticas. En la captura que adjuntamos podéis leer el documento tal y cómo nos ha llegado. 
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