Los expertos convocados por la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso ante la tramitación del proyecto de Ley de medidas urgentes por el empleo han reclamado a los grupos parlamentarios que aborden «desde ya» una reforma laboral, que consideran necesaria incluso sin crisis económica.
En este sentido aseguran que la regulación laboral actual está «absolutamente desequilibrada» aunque quisieron recalcar que es «completamente absurdo» imputar a la legislación laboral actual la crisis.
Sin embargo, ven necesario impulsar la «flexibilidad interna» de las condiciones laborales dentro de las propias empresas, al tiempo que destacaron la «rigidez» de la actual regulación sobre los contratos y el despido, que plantean «enormes dudas» en su redacción actual. «Sin ser el ‘bálsamo de Fierabrás’, sí que pueden ayudar», resumió Tomás Salas, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia.
Para Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, las opciones que plantea el Gobierno en el decreto ley de medidas urgentes en materia de empelo que dio origen a la norma que se tramita en estos momentos en la Cámara Baja «resultan discutibles» y pueden provocar distorsiones «no deseadas» en el funcionamiento del mercado de trabajo.
Entra las más destacadas, figura el que la empresa que contrate a desempleados con subsidio podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, hasta alcanzar un máximo equivalente al importe de la prestación que el parado tuviera pendiente de recibir a la fecha del contrato.
«Desaforado» recurso al despido improcedente
Además, Pérez de los Cobos advirtió de que con esta medida los parados de mayor duración, y con menos prestaciones pendientes de cobro, así como los jóvenes serán los «grandes paganos» de los problemas del mercado laboral, a causa de una medida que también «abunda en segmentación» del mercado y atenta contra cuadro general de bonificaciones pactado en la reforma de la Seguridad Social de 2006.
Por su parte, Tomás Sala aseguró que existe un uso «desaforado» del despido improcedente porque no funciona la opción de la extinción de contrato por «causas económicas, técnicas o colectivas».
Salas advirtió además de que la complejidad de los mecanismos de «flexibilidad interna» del trabajo dentro de una empresa, en relación a horario o movilidad geográfica, están provocando que las empresas encuentren más atractiva la opción del despido o el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
