ERC ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley para que las pymes puedan aplazar hasta seis meses el pago de las cotizaciones empresariales del Régimen General debido a las dificultades que tienen que atravesar muchas de ellas por la crisis económica.
Según la proposición, el aplazamiento de las cotizaciones en la Tesorería de la Seguridad Social se producirá a petición de la propia empresa, a la que no se le exigirá la presentación de ningún tipo de aval o garantía financiera.
Además, de aprobarse esta proposición, el abono de las cotizaciones aplazadas podrá diferirse un plazo máximo de 24 meses y no generará durante ese periodo penalización o recargo alguno, mientras que el tipo de interés aplicable a los importes aplazados no será superior al establecido oficialmente por el Banco Central Europeo.
Por otro lado, ERC invita al Gobierno a realizar las modificaciones normativas necesarias y los desarrollos reglamentarios pertinentes para establecer, con carácter general, un plazo máximo de pago de las relaciones comerciales entre las empresas en 30 días naturales, ampliables a 60 días en casos excepcionales.
Por último, le anima a introducir un tipo legal de interés de demora en los aplazamientos de pago suficientemente disuasorio, y cuya percepción será un derecho irrenunciable, por lo que las cláusulas de renuncia del mismo en los contratos entre proveedor y cliente se considerarán nulas.
El grupo catalán ha presentado esta proposición no de ley ante la evidencia de que el objetivo último de las medidas hasta ahora adoptadas en relación al sistema financiero no están alcanzando ni el ritmo ni la intensidad necesaria y ya que los instrumentos de crédito oficial a las empresas son insuficientes.
De hecho, asegura que las pequeñas y medianas empresas continúan sometidas a importantes restricciones de liquidez a corto plazo, derivadas tanto de las limitaciones que imponen las entidades financieras privadas a la oferta de productos financieros de tesorería, como de la falta de efectividad de las medidas en la ley para luchas contra la morosidad en operaciones comerciales.
