La Generalitat de Catalunya podría multar con hasta 100.000 euros a las empresas, tanto públicas como privadas, que no emitan facturas, presupuestos, contratos, publicidad, etc. en catalán. El Parlament debatirá esta nueva normativa en el proyecto de leyde código de consumo de Catalunya.
De momento, la nueva normativa cuenta con el respado de los grupos del tripartito y de CiU, y sólo cuenta con la oposición del Partido Popular y del grupo mixto. Según los ponentes, esta norma garantiza el respeto a los derechos lingüísticos de los consumidores.
La diputada popular Eva García expresó su rechazo ante este nuevo proyecto de ley, que ahora comienza su tramitación parlamentaria y preguntó si el Gobierno se ha planteado el coste que supondrá para las empresas el simple hecho de que puedan si denunciadas por no tener el sistema informático en catalán.
La multa será considerada como una sanción leve, con un importe máximo de 1.000 euros, mientras que las empresas que reincidan o no hayan abonado las sanciones, se considerarán graves, con una multa de entre 10.000 y 100.000 euros, cantidad que puede ultrapasarse hasta alcanzar el quíntuplo valor de los bienes y servicios objetos de la infracción.
