La enmienda afecta al Estatuto de los Trabajadores, y se enmarca entre sus propuestas para «fortalecer» la flexibilidad interna de la empresa y el descuelgue de los convenios que algunas asociaciones han pedido para las pymes. 
El Grupo Parlamentario Popular ha introducido entre sus 71 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral una propuesta para que no puedan adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo.
Asimismo, los ‘populares’ plantean que el despido objetivo por causas económicas se justificará cuando de los resultados o la evolución del nivel de actividad de la empresa se desprende una situación negativa, que la empresa tendrá que acreditar.
Además, pide reformar el procedimiento de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción «distinguiendo entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas», fijando el umbral en diez trabajadores cuando se trate de una empresa de menos de diez trabajadores, en el 10% de trabajadores cuando haya entre cien y trescientos empleados y en treinta trabajadores a partir de trescientos.
Los populares abogan por enmendar la regulación del contrato de fomento al empleo, ampliando sus supuestos «de cara a incentivar a los empresarios la contratación estable», de forma que no sea necesario que el trabajador tenga que pasar 3 meses en situación de desempleo antes de poder acceder a esta modalidad contractual, reduciéndose significativamente dicho plazo a 15 días.
Respecto a la «flexibilización», el PP reclama cambiar los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores, «haciendo del grupo profesional el eje de la clasificación profesional y el límite de la movilidad funcional en el seno de la empresa».
Por lo que respecta a la intervención del Fogasa, el Partido Popular exige que se agilice la presentación a las Cortes del proyecto de Ley sobre el llamado «modelo austriaco» a la mitad del tiempo fijado por el Gobierno para crear el nuevo fondo de capitalización de despidos, salvaguardando mientras tanto la «consistencia económica» del Fogasa sin obligar a subir cotizaciones.
