El Grupo Parlamentario Popular ha introducido entre sus 71 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral una propuesta para que no puedan adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo.

La enmienda  afecta al Estatuto de los Trabajadores, y se enmarca entre sus propuestas para «fortalecer» la flexibilidad interna de la empresa y el descuelgue de los convenios que algunas asociaciones han pedido para las pymes. 

Asimismo, los ‘populares’ plantean que el despido objetivo por causas económicas se justificará cuando de los resultados o la evolución del nivel de actividad de la empresa se desprende una situación negativa, que la empresa tendrá que acreditar.

Además, pide reformar el procedimiento de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción «distinguiendo entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas», fijando el umbral en diez trabajadores cuando se trate de una empresa de menos de diez trabajadores, en el 10% de trabajadores cuando haya entre cien y trescientos empleados y en treinta trabajadores a partir de trescientos.

Los populares abogan por enmendar la regulación del contrato de fomento al empleo, ampliando sus supuestos «de cara a incentivar a los empresarios la contratación estable», de forma que no sea necesario que el trabajador tenga que pasar 3 meses en situación de desempleo antes de poder acceder a esta modalidad contractual, reduciéndose significativamente dicho plazo a 15 días.

Respecto a la «flexibilización», el PP reclama cambiar los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores, «haciendo del grupo profesional el eje de la clasificación profesional y el límite de la movilidad funcional en el seno de la empresa».

Por lo que respecta a la intervención del Fogasa, el Partido Popular exige que se agilice la presentación a las Cortes del proyecto de Ley sobre el llamado «modelo austriaco» a la mitad del tiempo fijado por el Gobierno para crear el nuevo fondo de capitalización de despidos, salvaguardando mientras tanto la «consistencia económica» del Fogasa sin obligar a subir cotizaciones.