El plan que el Gobierno está preparando para luchar contra la economía sumergida prevé, como principal novedad, un fuerte incremento de las sanciones para aquellas empresas que comentan infracciones por falta de afiliación y alta de trabajadores en la Seguridad Social.
La medida, anunciada hoy por Zapatero, será aprobada a lo largo del próximo mes de abril, y según sus propias palabras «para hacerlo eficaz, el plan para hacer aflorar empleo irregular supondrá un fuerte endurecimiento de las sanciones»
Zapatero, que admitió que este plan es una «asignatura pendiente» de la política económica española, también extendió estas sanciones a los trabajadores que perciban retribuciones «incompatibles» con prestaciones de la Seguridad Social.
«Una bolsa significativa de empleo sumergido genera perjuicios a la economía, a las empresas que cumplen con la legalidad, porque se enfrentan a competencia desleal», explicó, para después comprometer que el Ejecutivo se volcará con estas medidas en un «esfuerzo singular».
El presidente repasó las medidas que emprenderá España para lanzar la competitividad en el marco del Pacto por el Euro, entre las que puso el énfasis en el «impulso» a la formación que prepara el Gobierno a través de las reformas de las políticas activas de empleo y de la formación profesional.
Impulso a la formación profesional
Para seguir con estas medidas «claves» que mejoren la empleabilidad de los parados, Zapatero recordó que las políticas activas de empleo se materializarán mediante la Estrategia Española de Empleo, que espera aprobar antes del próximo 31 de octubre.
El líder del Ejecutivo además anunció que «a lo largo de los próximos meses» se desarrollará la normativa sobre formación profesional contenida en la Ley de Economía Sostenible.
Durante su intervención inicial en el Pleno, en la que volvió a incidir en la «necesidad» de acometer reformas estructurales para mantener la recuperación económica, el presidente aprovechó para avanzar que el compromiso ante Bruselas de promover una «regla de gasto» en función del crecimiento del PIB nominal en el medio plazo se presentará «en los tres meses siguientes» a la aprobación de la gobernanza económica en la UE, prevista para junio de este año.
«Esta regla para reforzar la estabilidad presupuestaria será de obligado cumplimiento para la Administración General del Estado y las entidades locales», remarcó, al tiempo que insistió en promover el «consenso necesario» para que esta medida se aplique también en las comunidades autónomas.
