El Gobierno quiere ir eliminando progresivamente los peajes de aquellas autovías y autopistas cuyas concesiones hayan o vayan a expirar antes de 2021. Así lo ha explicado el ministro de fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a «El País», donde ha adelantado que los primeros tramos afectados por esta medida serán los de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, que vence el 30 de noviembre de este año, la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz.
Según las estimaciones que ha ofrecido el ministro, el coste para el Estado de esta decisión se reparte entre el directo, que es el que supone la conservación y el mantenimiento de esas vías, que se ha evaluado entre 50.000 y 68.000 euros por kilómetro al año, y el coste de oportunidad, “que es el que supone dejar de cobrar los peajes porque cabría la posibilidad de que en lugar de la concesionaria fuera el Estado el que siguiera cobrando como está ocurriendo con las radiales rescatadas”.
De esta forma, el coste mínimo para el Estado de mantener y conservar las concesiones que vencen este año y el que viene (sin contar las de 2021 que ya estarían en la siguiente legislatura), sería, al menos, de unos 27 millones de euros al año.
Se crea asimismo un precedente para las autopistas que vencen en 2021, AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto.
Sobre las autopistas quebradas, Ábalos ha destacado que la información que le han trasladado “no es muy coincidente en términos de los ingresos que podría reportar esa relicitación, ni tampoco en los costes que tiene que asumir el Estado tanto por RPA (responsabilidad patrimonial del Estado) como por las expropiaciones o por algún otro coste pendiente de asumir”.
De acuerdo con el ministro, las cifras que le han trasladado varios responsables de ese departamento es que los ingresos previstos por la licitación son 700 millones y la RPA entre 2.000 y 2.600, frente a los 1.000 millones que esperaba obtener el Ejecutivo anterior y los 1.800 que preveía abonar.
