El 89,07% de los controladores ha dado su respaldo al principio de acuerdo alcanzado entre AENA y USCA, sindicato mayoritario que agrupa al 95% de los 2.400 controladores del ente público, que servirá de base para la negociación del convenio colectivo.
Del 90% de los controladores que acudieron a votar, un total de 1.811 controladores, 1.613 votaron a favor, tan sólo un 7,29% lo hizo en contra (132 votos) y únicamente un 3,64% se abstuvo (66 votos nulos o en blanco).
Tras el conocer el resultado de la votación, el secretario de Comunicación de USCA, César A. Álvarez, confirmó que las negociaciones para el segundo convenio colectivo se reanudarán a partir del 15 de septiembre.
«Confiamos en que antes de final de año tengamos el segundo convenio que el sector aéreo necesita para que vuelva la tranquilidad y podamos seguir trabajando con normalidad, estabilidad y calma», afirmó en declaraciones a los medios a las puertas del centro de control de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Cabo resaltó que ha quedado demostrado que «la negociación es la única vía para solucionar las cosas» y que se abre una «nueva etapa» en la que debe predominar «el diálogo para alcanzar un acuerdo definitivo, que recoja unas condiciones laborables dignas y estables». «Así lo hemos entendido tanto los trabajadores como la empresa», apuntó.
«Los afiliados han considerado que el acuerdo firmado por la junta directiva es un punto de partida importante y necesario para abordar con carácter de urgencia las negociaciones del segundo convenio colectivo en un clima de no excepción, como se había padecido en los últimos meses», indicó USCA en un comunicado.
Para el vicepresidente de USCA, José Manuel Acevedo, la ratificación del acuerdo demuestra la «unión» del colectivo y el trabajo realizado durante los últimos meses, que califica de «especialmente duros para el colectivo por las condiciones de presión en las que se ha tenido que trabajar».
Hay que recordar que el acuerdo fue posible cuando el comité ejecutivo de USCA aprobó desconvocar la anunciada huelga para agosto, condición requerida por el ente público para continuar con las negociaciones.
