El Gobierno estudiará hoy en Consejo de Ministros la posibilidad de ponerle puertas al campo. Dicho de otra forma: hará lo posibile e imposible para que el crowdfunding deje de ser una opción de financiación atractiva en nuestro país. Tal y como podemos leer en Teknautas, la nueva ley de Fomento de la Financiación Empresarial regulará en uno de sus apartados la actividad de las empresas que deciden financiarse sus proyectos por esta vía.
La principal novedad es que las empresas sólo podrán recaudar un máximo de un millón de euros, con aportaciones máximas de 3.000 euros. Además un único inversor sólo podrá invertir un máximo de 6.000 euros al año en este tipo de proyectos. Sin embargo, el principal problema se encuentra como siempre, en la gestión administrativa y burocrática que deberán seguir las empresas que quieran recurrir a esta vía.
Hasta ahora las empresas que querían recurrir al crowdfunding encontraban un vacío legal que el Gobierno ahora quiere subsanar aprobando una normativa que sólo puede calificarse de farragosa. En este sentido, la financiación participativa de estos emprendedores se podrá canalizar mediante la emisión o suscripción de valores, la emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada o la solicitud directa de préstamos. En los dos primeros casos la supervisión del crowdfunding corresponderá a la CNMV mientras que en el tercero la responsabilidad de control recaerá en el Banco de España.
Por otro lado, las plataformas que quieran actuar como intermediarios en la acción del crowdfunding (Lanzanos, Goteo, etc.) deberán registrarse ante la CNMV, con una inscripción en la que se incluya el programa de actividades, además de la descripción de la organización administrativa y contable, así como la relación de socios significativos y administradores, entre otros requisitos, siendo sometidos a un control tan estricto que bajo esas condiciones una plataforma como Kickstarter, nunca hubiese visto la luz.
Lo más curioso del tema es que además, dichas plataformas serán responsables de la información proporcionada por los promotores de cada uno de los proyectos. En un intento por atajar el posible fraude que sí se ha producido en plataformas como Kickstarter, a las plataformas se les obliga a actuar como fiscalizadoras de cada uno de los proyectos que requieren financiación.
Por supuesto la Ley contempla una serie de sanciones para las plataformar e inversores que se salten la regulación. Las multas oscilan desde un mínimo de 25.000 euros hasta un máximo de 200.000 euros y pueden acarrear la prohibición de operar durante un plazo de cinco años.
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