Los retrasos en los pagos están entre los obstáculos que deben superar muchas pymes para seguir sobreviviendo. En el caso de la Administración Pública, esta sigue estando entre los ‘peores’ pagadores que tienen las empresas. A día de hoy la morosidad está en una media de 78 días, lo que supone cierta mejoría en relación a otros ejercicios pero no es la solución a un problema que en ocasiones tiene una sombra muy alargada.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) apunta en su último informe sobre morosidad que esto sucede tanto a nivel local como autonómico y estatal. La Administración Central paga con una media de 55 días de retraso, por lo que duplica lo establecido por la normativa. Los retrasos de las entidades locales van más allá, hasta los 66 días, y en las autonómicas abonan facturas, de media, 90 días después de que se emitan.
Las Comunidades Autónomas tienen diferente comportamiento en este tema. Jaén lidera el ranking de la ‘vergüenza’, con 587 días de morosidad pública. Más de año y medio después, los autónomos y/o empresas que realizan un trabajo para el ayuntamiento, por ejemplo, es cuando ingresan el presupuesto pactado por un producto/servicio. Es lógico que esto llegue a ahogar a muchos pequeños y medianos empresarios.
Parla, Alcorcón y Algeciras son otros lugares donde la agilidad en los pagos por parte de la administración deja mucho que desear –451, 387, 387, respectivamente. Las regiones donde antes pagan las entidades públicas son Salamanca, Barcelona, Arona, Segovia, Vigo, Málaga, Albacete, Alicante, Fuengirola y Hospitales de Llobregat. Increíble: en estas últimas, 22, 16 y 9 días respectivamente es lo que se demoran las retribuciones.
El sector público no es el único que está entre los que tardan en abonar los pagos. La empresa privada generalmente retribuye los recibos unos 77 días después de que estos se emitan. Canarias, Navarra y Asturias son las comunidades donde antes se reciben las remuneraciones entre negocios.
