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Martes, 17 Septiembre 2024

Digitalización

Estados Unidos acusa a España de tolerar las descargas ilegales

Un informe elaborado por el Departamento de Comercio y la Oficina de Presidencia de EE UU acusa al gobierno de Zapatero de permitir la llamada «piratería» de Internet y de no tomar ninguna medida al respecto para frenar la descarga de archivos protegidos por derechos de autor. Asimismo, le insta a ilegalizar los programas de intercambio de archivos P2P tales como eMule, BitTorrent o Ares.

p2p

Según señala el informe, «España se mantendrá en la lista de vigilancia en 2009. Estados Unidos urge enérgicamente al Gobierno español a que lleve a cabo acciones de forma rápida y significativa para reconducir el serio problema de la piratería por Internet. El Gobierno español ha realizado un esfuerzo mínimo para cambiar la extendida y errónea percepción que existe en España de que compartir archivos por los sistemas P2P es legal».

El documento también tiene duras palabras contra jueces y fiscales, por haber absuelto sistemáticamente a los propietarios de las páginas webs que sirven enlaces para realizar descargas, puesto que sólo hay una sentencia condenatoria contra esas webs, «Además, mientras las autoridades han realizado esfuerzos legislativos para adoptar algunas medidas contra las páginas web piratas, los fiscales han fracasado en la persecución de los casos contra los derechos de autor, y los jueces también al no imponer sentencias disuasorias contra los infractores, dejando a los defensores de esos derechos sin las herramientas legales necesarias para llevar los casos a juicio».

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Joseph Biden, vicepresidente de EE UU, estará próximamente de visita en nuestro país y la lucha contra la «piratería» será uno de los temas principales a tocar de su agenda. En su carrera como senador y ahora como vicepresidente, ha impulsado al Departamento de Justicia a procesar a los usuarios del P2P y a establecer un programa de vigilancia de estos sistemas.

El informe no podía haber llegado en peor momento, son malos tiempos para el Gobierno, el cual se ve atrapado entre las exigencias de la industria cultural y las quejas de las operadoras de Internet.

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