Los operadores que suministran a todos los internautas el acceso a la red de redes han comunicado su rechazo a la hora de tener que reducir la velocidad o provocar micro cortes para ponerle fin a los programas de intercambio de archivos que tanta polémica están suscitando desde la puesta en marcha en nuestro país vecino de la llamada ley Sarkozy.
Redtel, la asociación de operadores de telecomunicaciones con red propia, entre las que se encuentran las principales empresas del sector (ONO, Orange, Telefónica y Vodafone), ha comunicado su oposición contra las medidas que se están adoptando en países como Francia o Reino Unido, así como su apuesta por realizar una labor de educación al usuario y ofrecer además contenidos legales a precios razonables.
El pasado mes de abril las negociaciones entre operadores y sociedades de gestión agrupadas en «La Coalición» quedaron en «stand by» después de que las opciones planteadas por ambas partes fueran opuestas. Se prevé que sea el propio Gobierno quien dé una solución. Por su parte el Ministerio de Cultura tan sólo ha manifestado que «no desconectarán a los usuarios porque lo consideran abusivo», en cambio apoyará las medidas del Reino Unido (desconexiones puntuales a los internautas que descarguen contenidos de redes P2P).
Por otro lado Telefónica, a partir del próximo año y con el objetivo de modernizar su red y ofrecer a sus clientes más velocidad y servicios de valor añadido, subirá la velocidad de referencia entre 30 megas a 60 megas, alegando como razones el uso del P2P, y por tanto la posibilidad de otorgarles a sus usuarios una mayor rapidez a la hora de intercambiar archivos desde el tracker.
Este comunicado por parte de la compañía llega en un momento delicado, pero es una buena forma de manifestar su desacuerdo con el tema. Lamentablemente estas mejoras no llegarán a todo el territorio, las grandes ciudades y los núcleos urbanos donde se concentra el mayor número de habitantes serán las zonas donde la operadora invierta en fibra óptica hasta el hogar.
