El 54,3% de los españoles manifiesta que no sabe a quién debe acudir cuando tiene un problema legal, por lo que reconocen que se dejan guiar por los propios establecimientos, las entidades con los que tiene la queja o por las administraciones públicas.
Esta desorientación legal crece entre la población extranjera que reside en España, ya que un 63% asegura que no sabría qué hacer ante un problema legal concreto, según refleja compañía de servicios legales Arag.
Esta desorientación legal crece entre la población extranjera que reside en España, ya que un 63% asegura que no sabría qué hacer ante un problema legal concreto. El estudio pone de manifiesto que entre el 70% y el 80% de la población, en función del tipo de problema vivido, muestra preocupación por sus derechos cuando cree que están siendo vulnerados y entre el 20%, y el 30% reconoce que no hace nada.
Los principales problemas que preocupan a los españoles son los relacionados con el consumo, con el 53%, la vivienda (27,6%), los conflictos laborales (23,2%), y los automóviles (22,3%). «Llama la atención la confianza que tienen los españoles en el sistema, ya que esperan resolver un conflicto acudiendo o a una de las partes implicadas o a las instituciones públicas y organizaciones sociales», explica la directora del informe, Montserrat Martínez.
Sin embargo, Martínez considera que esta confianza se basa en una «presunción de objetividad y en que se otorga una competencia que a veces no existe, ya que no siempre su función es defender los intereses particulares de una persona».
El 56,3% asegura que se dirigiría a un abogado para resolver su problema, el 30% recurriría a organizaciones públicas, como sindicatos, ayuntamientos u organizaciones de consumidores, y el 17,6% a servicios profesionales como asesorías, gestorías, etc.
