Esta iniciativa cuenta con la aprobación tanto del Consejo para el Fomento de la Economía Social como de la Comisión Permanente del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales y Acción Social. 
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Economía Social que configura el marco jurídico para el ejercicio de la actividad empresarial mediante la asociación de personas que, conforme a unos principios participativos y sociales, encaminan su acción al interés colectivo y general.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señaló, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que «la norma es fundamental porque ordenará y clarificará el marco normativo específico de sus entidades, reconocerá su importante contribución al desarrollo económico y del empleo, establecerá el compromiso de los poderes públicos por fomentar la economía social».
De acuerdo con la norma aprobada, las distintas entidades de economía social deben tener como principios orientadores la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; la aplicación de los resultados obtenidos por la actividad de la entidad principalmente en función del trabajo y servicio prestado por los socios, así como, en su caso, al fin social de la entidad; la promoción de la solidaridad, tanto interna como externa, con el fin de favorecer el compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad; y la independencia del sector con respecto a los poderes públicos.
Para delimitar las entidades, se ha seguido un triple sistema. Por un lado, las entidades tradicionalmente identificadas en los textos comunitarios con la economía social (cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones) y las que tienen una regulación específica en el ordenamiento jurídico (sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción); por otro, las entidades singulares creadas por normas específicas (sociedades agrarias de transformación o cofradías de pescadores.
Y, en tercer lugar, las que se incluyan en el catálogo de entidades que será realizado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social, el órgano asesor consultivo para las actividades relacionadas con el sector.
