El Gobierno reformará las pensiones este año

Así lo apuntó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, tras la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que presidió de forma extraordinaria el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Aunque el deseo es presentar el proyecto de ley antes de que acabe el año, Salgado admitió, en una conversación posterior con los periodistas, que el Gobierno esperará «en todo caso» al informe de la Comisión del Pacto de Toledo, aunque se demore y acabe el ejercicio sin haber trasladado el proyecto de ley a las Cortes.

Salgado no citó la reforma de las pensiones entre las prioridades inmediatas del Ejecutivo al inicio del curso político, aunque sí admitió, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno quiere llevarla al congreso antes de que acabe el año.

En cualquier caso apuntó que el Ejecutivo quiere conseguir el máximo consenso político con esta reforma, porque es «fundamental» para la economía.

Además, consideró que, en lo relativo al cálculo de las pensiones, «sería bueno considerar la prolongación del periodo de cómputo, para evitar la penalización que en estos momentos sufren las personas que abandonan el mercado laboral a una edad avanzada». El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya adelantó esta semana que la base de cálculo para las pensiones podría pasar de los últimos 15 años trabajados a 20 años.

Ejercicio de austeridad

La ministra ha indicado que la austeridad será la nota predominante en los Presupuestos que está elaborando el Ejecutivo para el año que viene y que intentará recabar el mayor posible.

Salgado ha indicado que las partidas ministeriales tendrán un recorte del 15%. La única excepción será la relativa al gasto en I+D, cuyo recorte será muy inferior a la media.

Otra de las prioridades del Ejecutivo para el ejercicio será la política energética. En este ámbito, Salgado ha anunciado que el Gobierno comenzará a emitir títulos para financiar el déficit de tarifa eléctrico a partir del mes de septiembre.

El Ejecutivo aprobó el pasado año un programa para acabar con el déficit de tarifa soportado por las empresas eléctricas mediante un proceso de titulización (conversión de los derechos de cobro en títulos negociables en el mercado), aunque dicho proceso aún no había comenzado.

El déficit de tarifa (diferencia entre los costes regulados del sistema eléctrico y los ingresos que se obtienen por el recibo de la luz) alcanzó 2.256 millones de euros en el primer semestre, mientras que el Gobierno pretende no superar los 3.000 millones en el conjunto de 2010.