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Jueves, 16 Septiembre 2021

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El lobby del juego on-line, contra el Gobierno

El lobby que agrupa a las principales casas de apuestas y juegos on-line (la Remote Gambling Association – RGA-) ha pedido al Gobierno que modifique el último borrador del anteproyecto de Ley del Juego, ya que de salir adelante, «haría inviable el mercado español del juego on-line».

Entre otras cosas, la asociación pide que se cambie la base imponible de los nuevos tipos de impuestos previstos en el anteproyecto, para que en lugar de afectar a los ingresos brutos de las empresas, se apliquen a los ingresos netos.

El consejero delegado de la RGA, Clive Hawkswood, ha insistido en el riesgo que implica el tratamiento fiscal previsto por el anteproyecto, añadiendo que «desafortunadamente, hemos comprobado en Francia el efecto que ha tenido un impuesto sobre los ingresos brutos en la capacidad de los operadores de juego remoto para establecerse de manera viable en ese país.

«Nosotros ya advertimos a las autoridades francesas de que ese marco fiscal no era viable, pero no se atendió a nuestra experiencia, y el resultado es que se han solicitado pocas licencias, lo que ha reducido la competencia, y por tanto el valor de estos operadores, limitando la oferta para los usuarios. Sería de lamentar que España aplicase esa misma política fiscal», señala.

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La RGA ha encargado a la consultora KPMG un informe sobre el mercado del juego en España y el impacto de una fiscalidad sobre ingresos brutos o netos en relación con la propuesta de conceder licencias y regular a los operadores de juego a distancia en España.

Según la asociación, este informe establece «con claridad» que «además de crear una mayor competencia entre los operadores, lo que mejora la innovación, la posibilidad de elección y la relación calidad-precio, el impuesto sobre los ingresos netos optimiza el tamaño del mercado autorizado (onshore) frente al mercado offshore, con el efecto que esta circunstancia tiene en la recaudación impositiva obtenida por el Estado».

Para la asociación, no abordar esta cuestión fiscal «sólo serviría para convertir en ineficaz una iniciativa legislativa muy positiva, porque en ese caso los operadores dejarían de invertir en un mercado en el que no verían rentabilidad».

«Una fiscalidad sobre los ingresos netos permitiría al Gobierno español atraer a grandes empresas acreditadas, generar un mercado para el sector y productos de calidad y valor para el usuario, además de facilitar importantes ingresos para el Estado y las Comunidades Autónomas», advierten.

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