Pymes y autónomos pagan 800 millones de euros anuales en concepto de IVA de facturas que aún no han llegado a cobrar y que puede que no cobren, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
La legislación vigente sobre IVA establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro, lo cual se ha convertido en un caballo de batalla para muchas asociaciones de profesionales.
Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.
Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid son las que cuentan con un mayor importe de IVA repercutido pendiente de cobro por morosidad, con 195,2 millones de euros y 149,3 millones de euros, respectivamente.
El Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio mediante la aprobación de una directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago.
A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012.
Además, con objeto de mejorar la liquidez de estas empresas, los técnicos de Hacienda proponen –en consonancia con varias de las enmiendas del PP, CiU y PSM-EN al proyecto de Ley de Economía Sostenible que se debatirá mañana en el Senado– modificar el actual sistema de devengo para retrasarlo hasta el momento del cobro total o parcial de la factura.
