Las prestaciones de los trabajadores que siguen inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desde que estalló la pandemia del COVID-19 el pasado mes de marzo se van a ver reducidas considerablemente a partir de septiembre. Esto es así porque la regulación actual establece que transcurridos seis meses del cobro de la prestación, esta se recorta inexorablemente.
En concreto, desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) advierten de que el importe de la prestación durante los 180 primeros días se corresponde con el 70% de la base reguladora, pero a partir del día 181 pasa a ser del 50%. Una rebaja que afectará a todos los trabajadores que hayan permanecido en un ERTE desde que se activó el estado de alarma.
Septiembre será el séptimo mes en ERTE para muchos de los que todavía no se han podido reincorporar a sus puestos de trabajo con motivo de la crisis y, en consecuencia, pasarán de cobrar el 70% de la base reguladora (que no se corresponde exactamente con el salario, sino con la media de las bases de cotización de los seis meses anteriores al ERTE) a percibir el 50%. La rebaja no es baladí y ha encendido las alarmas en los sindicatos, que van a pedir a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social que no se recorten las cuantías de las prestaciones durante los próximos meses y hasta fin de año, según asegura La Información.
Para los sindicatos es condición necesaria para llegar a un acuerdo sobre la nueva prórroga de los ERTE que a los beneficiarios (quedan unos 800.000 trabajadores afectados por estos procedimientos y el grueso proceden de las primeras semanas del estado de alarma) se les mantengan las cuantías vigentes actualmente. Ese será el nuevo caballo de batalla de UGT y CCOO en las negociaciones con el Gobierno que se van a poner en marcha en apenas dos semanas para determinar hasta cuándo y en qué condiciones se van a poder extender estos mecanismos salvavidas del empleo.
Reunión en Mallorca
Será el día 4 de septiembre cuando los agentes sociales acudan a una reunión oficial en Mallorca, epicentro del golpe económico sin precedentes que ha recibido el turismo patrio.
Aunque fuentes del diálogo social revelan que los contactos ya se están sucediendo estos días -el propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hablaba ayer mismo de «principio de acuerdo», no será hasta pasadas las vacaciones cuando los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se citen con los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
Todo se está preparando para llegar a ese destino -minuciosamente escogido por el Gobierno para escenificar el respaldo de las instituciones al vapuleado sector turístico- con un acuerdo prácticamente cerrado que permitiera una nueva foto de los agentes sociales, esta vez en la isla balear.
Los sindicatos van a presionar para mantener las cuantías de las prestaciones, algo a lo que podría abrirse el Ministerio de Trabajo, según vaticinan fuentes del diálogo social, mientras los empresarios van a poner el foco en las exoneraciones de las cotizaciones sociales, que ya se han ido reduciendo progresivamente desde marzo y que consideran esenciales para poder mantenerse a flote.
