La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó ayer por una unanimidad solicitar al Gobierno socialista que «intensifique e incremente» las visitas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social a las empresas para que se evite la discriminación salarial a las mujeres.
La iniciativa, promovida por el PP y BNG y transaccionada con todos los grupos, reclama también que las empresas infractoras dejen de recibir ayudas estatales y autonómicas, en el que caso de que las tuvieran.
El Congreso también plantea la necesidad de «ofrecer formación específica a la mujer en aquellas profesiones u oficios en donde exista dificultad de acceso para el sexo femenino», así como que se asegure la implantación de los correspondientes planes de igualdad en las empresas.
Durante la Comisión, la diputada del PP Carmen Quintanilla señaló que la igualdad salarial es «una realidad sobre el papel pero todavía no es una realidad en la práctica». Así, aseguró que, dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, «la situación sigue igual».
Según dijo, las mujeres españolas cobran una media de 6.000 euros menos que los hombres, lo que demuestra que el Estado debe vigilar que «las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres a la hora de trabajar y ver su trabajo retribuido».
Por su parte, la diputada socialista Soledad Cabezón destacó que el Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Actuación Inspectora 2008-2010, que ha dado lugar a que se realicen miles de inspecciones en las empresas para vigilar si se cumple el principio de igualdad, con la consiguiente sanción a aquellas que no lo estuvieran cumpliendo. Asimismo, indicó que es el ámbito de la Mesa de Diálogo Social por la Igualdad donde se se deben llevar a cabo las puesta en marcha de medidas para conseguir la igualdad en el trabajo.
Por otra parte, la Comisión de Igualdad también aprobó una proposición no de ley de CiU, con el apoyo del PP, ERC y BNG y con el rechazo del PSOE, que reclama al Ejecutivo que presente, en el plazo de una año, un plan de medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La autora de la propuesta, la diputada Mercè Pigem, pide con esta esta iniciativa que promueva «superar la actual cultura del ‘presentismo’ que predomina en el sistema de trabajo actual», más aun cuando se ha constatado «que los españoles son los que más horas trabajan y menos producen» y que esta forma de trabajo «va en contra de la conciliación».
Así, la formación nacionalista pide que la sociedad, los empresarios, los sindicatos y las administraciones «cambien de mentalidad y buscan nuevas fórmulas, como el teletrabajo o la flexibilidad horaria», para facilitar la conciliación.
